¿Es la burocracia clasista?
Sí. Y también es racista
Pánico en la sala: hoy comienza la campaña de la Renta. Ambos, tanto Bea como Julio, estamos a tope con el adulting favorito de Hacienda (y Julio, además, con la trimestral, de la que ya se nos ha quejado alguno por privado).
¿Hay mejor momento para rajar sobre el lenguaje del demonio que usa el Estado, su mierda de sistemas digitales y cómo nos amarga la existencia? En el número anterior ya lo hicimos, pero, como no hay suficiente espacio en Internet para que quepa toda nuestra rabia, esta semana repetimos. Además, venimos calentitos: te vamos a contar por qué el Estado es clasista y, además, racista.
Un sistema que expulsa a los más vulnerables
En España hay 13 o 14 millones de personas en situación de vulnerabilidad digital porque no tienen capacidades digitales mínimas. ¿Qué pasa cuando además resulta que no manejas el idioma? No, la declaración de la Renta no es el mayor de sus problemas (aunque estos días sea el nuestro): lo es no encontrar información en su idioma: “Muchas personas del este de Europa o de la zona central o sur de África no encuentran traducciones, y no tienen la competencia lingüística adecuada o, si la tienen, no la tienen a un nivel necesario para relacionarse con la Administración”, explica Miguel Vieito, abogado experto en derecho antidiscriminatorio. “Para muchas de esas personas el primer contacto con la Administración es el servicio de urgencias, la Sanidad Pública. Estas personas reciben unos días después un aviso de facturación de servicios sanitarios: una comunicación formal que no tienen ni idea de cómo contestar, aunque hay que hacerlo de forma muy determinada o te comes una factura que puede ser de varios miles de euros”.
No, tú tampoco sabrías cómo contestar a este requerimiento: hasta para personas nativas este es un lenguaje muy inaccesible. “Incluso para gente del ámbito jurídico. Tienes que tener experiencia en esa área del derecho para saber bien cómo contestar”, aclara Vieito. Dejar sin contestar estos requerimientos supone cargar con deudas que tienen graves consecuencias: “Las personas que tienen deudas con la Administración pública dejan de poder acceder a determinadas ayudas sociales. A veces se dan cuenta cuando quieren pedir una renta de inserción, o un permiso de residencia temporal”.
Administración, you had one job
Contra los problemas de accesibilidad por idioma, la Administración solo pone parches. “En trámites del Ministerio de Interior relacionados con extranjería hay materiales y trípticos que están en lenguas árabes o en inglés. Ahora incluso hay materiales en ucraniano. Pero en la Administración autonómica, que lleva Sanidad, hay muy pocas traducciones, y suelen ser generalistas. Incluso a veces encuentras espacios web o funcionarios que, con toda la buena voluntad, ofrecen traducciones que no son oficiales. ¿Quién asegura que esa traducción es fidedigna o que tiene datos actualizados?”, se pregunta el abogado.
Además de la barrera idiomática, la Administración genera desconfianza: “Una persona migrante que está en una situación administrativa irregular es muy extraño que vaya a ninguna Administración. Desde Trabajo Social del ayuntamiento al centro de salud, para ellos todo se parece mucho a la policía, y ellos saben que la policía los puede deportar. En muchas ocasiones no es un miedo injustificado, porque entran al centro de salud y está la Policía Nacional. Ese miedo les hace no solicitar servicios. Cuando alguien lo hace se acerca a colectivos privados, a ONG, asociaciones… Bien porque alguien se lo ha recomendado –’Ve allí porque no vas a tener problema, no te van a juzgar, no van a tener esos sesgos’–, bien porque en una situación desesperada se vence ese miedo. También se dan situaciones fortuitas: aprovechando que conozco a un abogado le voy a preguntar”.
Esto no es solo una cosa de migrantes. Según el estudio ¿Habla claro la Administración a los públicos vulnerables? de Comunicación Clara (Prodigioso Volcán), el 62 % de personas que intentaron tramitar papeleo online (y fracasaron) terminaron tirando de un conocido o un gestor. Hablando en plata: esto es también una cuestión de clase; de tener los contactos o dinero para que alguien nos ayude con un trámite porque no entendemos nada.
No es lógico que tanta gente tenga que buscar ayuda externa. Pero es que, además de ser un problema, el estudio también recalca que las directrices estatales (incluida la ley sanitaria) señalan que “el destinatario de las normas jurídicas es el ciudadano”, por lo que “deben redactarse en un nivel de lenguaje culto, pero accesible”. Sin embargo, no hay estándares para medir esa claridad, como sí los hay para otros requisitos como la accesibilidad para personas con discapacidad en portales web públicos.
Políticos, moved el culo
La falta de claridad lleva a la falta de confianza, y la falta de confianza lleva al lado oscuro (es decir, a una peor calidad democrática). Claro, que esta situación tiene solución: cambiar las formas de trabajar y relacionarse con la ciudadanía para que no se sienta apartada. “En la medida en que esa demanda existe, los colectivos lo manifiestan al poder público, que acaba financiando programas para atender esa demanda”, razona Vieito. Pero no es solo meter dinero porque sí, sino con cabeza: “La Administración podría crear puestos de funcionariado para hacerlo, pero no lo va a hacer, y lo subcontrata fuera. Las lecturas son muchísimas. ¿Será o no económicamente más rentable? No lo sé, pero se crea ese juego”. ¿Es rentable subcontratar la gestión de la burocracia porque la mitad de la gente no se entera? ¿No sería más sencillo recortar en procesos absurdos o invertir en clarificarlos?
La Administración no siempre es consciente de que esto sucede. Mario Tascón, periodista, diseñador y fundador de Prodigioso Volcán explica que los que suelen ser conscientes son el personal funcionario, que no tienen los mecanismos para aprobar los presupuestos que puedan solucionar el problema, ya sea con formación o con desarrollos de empresas externas. “No se suelen atrever a licitar, porque eso ya lo hicieron en los años 80 y 90. En lugar de remodelar toda la Administración, suelen seguir funcionando como siempre. Las grandes empresas de tecnología, de fabricación de software, que son las que hacen todo esto, son prácticamente las mismas que eran en los años 80 o 90, y en general tienen montados sistemas bastante obsoletos”. El clásico es que siempre se ha hecho así mimimimi.
La conciencia la tienen los funcionarios, pero quienes tienen que aprobarlo (los políticos) no la tienen o no lo ven urgente. “Hay un problema también de empuje. Para mí es uno de los principales que tiene España a nivel nacional, autonómico y municipal”, critica Tascón.
Así que sí hay solución, pero no la verán nuestros ojos con miopía de tanto descifrar formularios: existen muchas promesas en el aire, pero no mucha voluntad. Hasta le hemos preguntado al Defensor del Pueblo sobre este asunto: nos contaron que se han reunido con la RAE para mejorar el lenguaje burocrático y le han pedido a las Administraciones que mejoren su accesibilidad. ¿Tú lo has notado? Nosotros aún no.
Hemos revisado nuestras cuentas… del Animal Crossing –vamos bien de bayas– y se nos ha olvidado un rato el adulting, así que en la próxima entrega te contaremos por qué preferimos hablar con Tom Nook que con nuestro gestor. Si no quieres perdértelo, suscríbete y te llegará al correo:
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